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Todos somos migrantes

Rafael de la Garza Talavera. Tomado de Rebelión. Mientras la opinión pública se encuentra concentrada en mostrar los detalles de la aprobación de la reforma energética, 43 madres de migrantes centroamericanas cruzan el país para arribar a los Estado Unidos, buscando a sus hijos, maridos, hermanos y hermanas desaparecidas en su viaje hacia una vida más justa y digna.

La catástrofe humanitaria, en la que se calcula en más de setenta mil migrantes desaparecidos desde el inicio del gobierno de Felipe Calderón, empieza a producir un movimiento que recuerda a la lucha de las Madres de Mayo, durante la dictadura militar en Argentina. Comparten la angustia de no saber nada de sus seres queridos así como la indiferencia, tanto de los gobiernos centroamericanos y como del mexicano, así como las amenazas de la delincuencia organizada que lucra impunemente con la desesperación de los migrantes.

La cuestión migratoria ha sufrido un crecimiento acelerado, a partir de la imposición del modelo de desarrollo inspirado en el neoliberalismo, en todo el planeta. En México, las oleadas migratorias procedentes de Centroamérica iniciaron a finales de los años setenta, con el recrudecimiento de la represión en Guatemala y las guerras civiles en El Salvador y Nicaragua, y siguió creciendo gracias al empobrecimiento de los países de la región. Muchos logran arribar a los Estados Unidos pero otros desaparecen a lo largo del trayecto, sobre todo en el último decenio, cuando debido al control del narcotráfico de las rutas migratorias se convirtieron en mercancía, en contubernio con autoridades migratorias, para permitirles el paso a la frontera norte del México.

Uno de los casos que llamó la atención del mundo entero fueron las masacres de migrantes en San Fernando, Tamaulipas; la primera, ocurrida en 2010 sumó cerca de ochenta personas asesinadas mientras que la segunda, en 2012, sumó casi doscientas. Los datos son sólo la punta del iceberg ya que el gobierno estatal y federal se han empeñado en ocultar información que seguramente ampliaría enormemente el número de asesinados.

En la guerra entre cárteles por el control de la región, los migrantes son la carne de cañón. Algunas versiones apuntan a responsabilizar a los propios migrantes por su muerte, al no poder pagar la cuota exigida por los sicarios, mientras que otras sugieren la idea de que son asesinados para perjudicar económicamente al cártel opositor, el cual controla la ruta y cobra derechos de tránsito y traslado; al ser asesinados sus ‘protegidos’ deja de percibir una importante suma de dinero.

Como se sabe, la discriminación y el racismo son el motor de todo este asunto. Y los gobiernos juegan un papel central en amplificarlos: los centroamericanos se desatienden porque la inmensa mayoría son personas de bajos recursos mientras que el mexicano los estigmatiza como delincuentes, migrantes ilegales que desconocen sus derechos y representan una importante fuente de ingresos para los funcionarios corruptos de la policía local y federal, las fuerzas armadas, los gobiernos estatales y los agentes de migración, sin olvidar claro a la delincuencia organizada.

Lo que tenemos entonces es un crimen de lesa humanidad del cual son responsables directos los gobiernos estatales y el federal, quienes están obligados a impedir que los derechos humanos de los migrantes sean violados sistemáticamente, ya que de acuerdo a una reforma migratoria aprobada en 2011, el migrante no es un delincuente pero se le sigue tratando como tal. Pero al mismo tiempo que han renunciado en defenderlos han hostigado o ignorado, que para el caso es lo mismo, a grupos de la sociedad civil como Las Patronas –grupo de mujeres que asiste a los migrantes en la ruta del golfo- o a defensores de los derechos humanos, como el padre Solalinde. Éste último ha denunciado una y otra vez los mecanismos del tráfico de personas y su relación con las autoridades, lo que le ha acarreado innumerables amenazas.

En este sentido, la Novena Caravana de las Madres Centroamericanas buscando a sus Migrantes Desaparecidos ‘Emeteria Martínez’, que partió de la ciudad de Guatemala el último día del mes de noviembre, representa un movimiento que, como ellas mismas dicen, persigue tres objetivos: “Encontrar a los desaparecidos, hacer visible la profundidad del problema y denunciar a los funcionarios que hacen poco para proteger a los migrantes”. Entre las organizaciones que coordinan la caravana destaca el Movimiento Migrante Mesoamericano, que en voz de una de sus integrantes, Marta Sánchez, afirmó que “Cuando empezamos hace nueve años estábamos solos. Ahora, más de un centenar de organizaciones y un sinnúmero de personas nos ayudan” (Desinformémonos.org).

Los resultados están a la vista: han encontrado a más de 200 personas y han documentado a miles de personas que son buscadas por sus familiares. Pero sobre todo han abierto una esperanza a miles de madres para volver a ver a sus seres queridos, al mismo tiempo que identifican a los responsables y nos recuerdan que todos somos potencialmente migrantes, sobre todo en tiempos de reformas neoliberales y empobrecimiento generalizado de grandes franjas de la población.

Rafael de la Garza Talavera es Candidato a Doctor en Ciencias Políticas y Sociales. Universidad Nacional Autónoma de México.

 

 

 

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